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03. Guía para textos PBL en Derecho

Joan Sebastián Preciado Vanegas — Thu, 15 Jul 2021 19:39:57 +0000

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Guía para textos PBL en Derecho

Recurso elaborado por Camila Jaramillo Salazar

El Aprendizaje Basado en Problemas (PBL por sus siglas en inglés: Problem-Based Learning) es una técnica activa que busca generar independencia y aprendizaje autónomo al enfrentar nuevos temas. En las actividades PBL, el profesor puede plantear una situación problemática y los estudiantes deben reflexionar, investigar y discutir para lograr las metas de aprendizaje, es decir, las comprensiones que se deben alcanzar en el curso (Perafán, 2017).

Existen varias actividades que implican este tipo de aprendizaje; sin embargo, esta guía está enfocada en textos en los que se resuelven casos jurídicos, ya sea de manera individual o grupal. Recuerde que lo más importante es leer las instrucciones y la matriz que el profesor del curso le ha compartido, pues hay diferentes textos PBL (sentencias, textos argumentativos, esquemas, entre otros).

A continuación, se presentan unas recomendaciones para la elaboración de este tipo de textos.

Tabla de contenido

¿Qué hacer con el caso?
¿Qué es un hecho jurídicamente relevante?
¿Qué es un problema jurídico y cómo formularlo?
Ejemplos que no funcionan
¿Cómo resolver un problema jurídico?
Referencias

1. ¿Qué hacer con el caso?

¿Cuál es el tema que se está tratando en la clase? Tenga clara la meta de aprendizaje de su curso y piense qué quiere su profesor que usted aprenda de ese caso.
Lea primero todo el caso y no asuma situaciones antes de terminarlo.
Al momento de leer el caso tenga en cuenta:
- Quiénes son los sujetos jurídicamente relevantes.
- Cuáles fuentes jurídicas se utilizan en el caso (Constitución, leyes, decretos, jurisprudencia, etc.).
- Cuál parte del caso usted apoyará, ayudará o defenderá.
- Al momento de leer un caso, subraye con diferentes colores y haga esquemas para entenderlo mejor.

2. ¿Qué es un hecho jurídicamente relevante?

En algunos cursos, los profesores piden hacer una lista de hechos jurídicamente relevantes. No se espera que usted transcriba el caso y lo convierta en una lista, sino que extraiga aquellas situaciones que afectan el sentido del caso y que están en concordancia con las metas de aprendizaje del curso. Recuerde que generalmente hay un límite de palabras así que no invierta ese espacio en información que no es relevante para el tema que se está tratando en el curso y no incluya acciones que no aportan a la resolución del mismo.

Por ejemplo: si en un caso sobre libertad de expresión el color del pelo del sujeto principal influye dentro del caso, menciónelo. Si en otro caso se trata la compraventa de un inmueble y el foco del problema no está en el color del pelo del sujeto, no invierta tiempo y espacio en detalles que no aportan.

3. ¿Qué es un problema jurídico y cómo formularlo?

A partir de ese caso, usted debe abstraer problemas que representen conflictos jurídicos mucho más complejos y que generalmente no puedan resolverse con una sola norma.

Plantee preguntas cerradas cuya única respuesta posible sea Sí o No y que puedan ser aplicadas en otros casos similares. Evite hacer preguntas que ya están resueltas en la ley de manera explícita.

4. Ejemplos que no funcionan

¿Qué diferencia hay entre una tasa y un impuesto?

Este ejemplo no funciona porque no es una pregunta cerrada. La manera de convertir este problema en uno formulado de manera correcta es:

¿Existen diferencias entre una tasa y un impuesto? o ¿La remuneración de una contraprestación hecha por una entidad estatal directamente es una diferencia entre los conceptos de tasa e impuesto?

¿Puede Marta vender el predio «La María» si este está hipotecado?

Este ejemplo no funciona porque aunque se responde con Sí o No, solo aplica para el caso en concreto. La manera de convertir este problema en uno formulado de manera correcta es:

¿Es posible vender un predio hipotecado?

¿Es el derecho a la vida un derecho fundamental?

Este ejemplo no funciona porque la respuesta es obvia y se encuentra en la lista de derechos fundamentales de la Constitución.

5. ¿Cómo resolver un problema jurídico?

Al momento de resolver un problema jurídico tenga en cuenta:

Qué fuentes jurídicas va a utilizar para resolver la pregunta:
- Leyes, decretos, resoluciones
- Jurisprudencia
- Laudos arbitrales
- Conceptos jurídicos
- Doctrina

Defina la estructura que utilizará para presentar los problemas. Exponga primero los problemas más simples para luego pasar a los más complejos con el fin de no repetir información.
Intente estructurar la respuesta al problema de lo general a lo específico:

Por ejemplo, en un caso de agencia comercial y contrato de suministro en el que se está argumentando sobre la remuneración del agente y el distribuidor, usted puede organizar la respuesta a ese problema jurídico de esta manera:

Por último, se debe tener en cuenta también que la forma en la que se remunera al distribuidor y al agente es distinta; mientras el distribuidor se beneficia por la diferencia de precio entre la compra y la reventa, el agente recibe una remuneración variable sobre los volúmenes de venta. Por consiguiente, es claro que no se puede hablar de una agencia mercantil propiamente dicha entre Mazda y Autonal según el artículo 1328 del Código de Comercio.

Recuerde que los formatos para cada curso son diferentes. Revise las instrucciones para saber cómo le piden estructurar el texto, pues un PBL puede tomar varias formas: desde lo más básico (un informe en el que debe enumerar los hechos y los problemas con sus respectivas respuestas) hasta un concepto jurídico, una sentencia, un laudo arbitral, un contrato, entre otros.

6. Referencias

Durán, J. C. (2017). Metodología Problem Based Learning (PBL) aplicada al curso de Contratos. Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
Perafán, B. (2017). Aprendizaje basado en problemas. Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Perú.

Nota

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02. Recomendaciones para escribir un concepto jurídico

Joan Sebastián Preciado Vanegas — Thu, 15 Jul 2021 19:39:43 +0000

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Recomendaciones para escribir un concepto jurídico

Recurso elaborado por Camila Jaramillo Salazar

¿Qué es un concepto jurídico?

Un concepto es una apreciación o recomendación jurídica que generalmente está expresada en términos de conclusiones. Quienes necesitan un concepto jurídico lo solicitan para tener un criterio de orientación frente a un tema o recibir una respuesta a una cuestión planteada. Al ser un elemento de información, los conceptos jurídicos —salvo en casos específicos de algunas entidades públicas― no tienen efectos jurídicos sobre la materia.

Cuando consultamos sobre conceptos jurídicos nos encontramos con aquellos producidos por entidades públicas como ministerios, superintendencias, contralorías, entre otros. Sin embargo, una gran parte del trabajo de las oficinas de abogados son los conceptos jurídicos. Los clientes pagan para que ellos produzcan una respuesta frente a una problemática o los guíen para tomar una decisión.

Tabla de contenido

Los conceptos jurídicos no son un PBL
Debe haber una respuesta siempre
Ser concretos e ir al punto
Ser conscientes de la audiencia
Utilizar gráficas cuando lo considere necesario
Bibliografía

1. Los conceptos jurídicos no son un PBL

Es muy importante tener los problemas jurídicos del caso claros para buscar la información correcta y dar con una solución favorable; no obstante, el concepto jurídico no se redacta resolviendo problemas jurídicos abstractos.

Ejemplo:

Una IPS solicita un concepto respecto a si es posible que un paciente con una enfermedad terminal que no puede dar su consentimiento puede ejercer el derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia activa.

En un PBL para su clase usted probablemente plantearía un problema jurídico abstracto:

¿El consentimiento del paciente es un requisito para ejercer el derecho a morir dignamente?

Sí, en la Resolución 1216 de 2015 el Ministerio de Salud establece como uno de los requisitos dar el consentimiento claro e inequívoco…

En un concepto jurídico usted comenzaría con la respuesta y desarrollaría la respuesta pensando en los sujetos de la petición con las fuentes jurídicas necesarias:

1.1. El consentimiento del paciente es uno de los requisitos para poder ejercer el derecho a morir dignamente

1.1.1. La Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud establece como requisitos para ejercer el derecho a morir dignamente (1) padecer una enfermedad (2) que produzca dolores insoportables y (3) haber prestado el consentimiento claro, completo y exigible.

1.1.2. El Documento de Voluntad Anticipada es una manera de expresar el consentimiento de manera previa para que en caso de que el paciente no pueda expresarla los testigos puedan hacerlo.

1.1.3. Si el paciente no puede prestar su consentimiento y previamente no diligenció y firmó el Documento de Voluntad Anticipada, su familia, en principio, no puede tomar esa decisión.

1.1.4. Los familiares solo podrían ser sustitutos del consentimiento si existe una prueba de que el paciente quería la aplicación de la eutanasia activa.

2. Debe haber una respuesta siempre

Como se explicó anteriormente, un concepto es una guía para otra persona. No hay campo para las ambigüedades, dado que si usted trabaja en una firma de abogados y un cliente paga por una recomendación, a este no le sirve que al terminar de leer no sepa qué hacer. Puede haber diferentes maneras de expresar esa respuesta y, en general, depende de la pregunta.

Ejemplo 1: Una empresa le pregunta a usted si es posible vender X tipo de acciones al público. Usted debe responder si es posible o no y dónde está respaldado esto.

Ejemplo 2: Una empresa le pide que le recomiende si es mejor cambiar el tipo societario o mantenerse con el que tiene para ahorrar en temas tributarios. Usted entonces debe recomendarle si es mejor el cambio o no y, además, presentar las consecuencias dependiendo del tipo societario.

Cuando esté escribiendo piense en que un concepto es como un diagnóstico médico. ¿Qué pasa si usted va donde un médico y no le dice qué medicamentos tomar o si la enfermedad que tiene es fatal? Usted quiere que el médico le diga qué hacer, qué alternativas tiene y qué podría pasar si no hace lo recomendado. Por eso es tan importante que usted en el concepto dé una respuesta clara y plantee las alternativas posibles.

3. Ser concretos e ir al punto

La economía de las palabras es un tema fundamental, dado que lo importante es dar una respuesta. Las personas que piden conceptos no están buscando cuál ha sido la evolución de la norma desde los romanos hasta la actualidad (a no ser que, efectivamente, sea eso lo que se pida). No se trata de demostrar que usted sabe mucho sobre el tema o que sí investigó, lo importante es que la información que esté escrita sea la necesaria.

Adicionalmente, resuma las normas y la jurisprudencia. Su trabajo no es transcribir la norma sino analizarla. Intente no copiar textualmente las normas, a no ser que usted no pueda explicarlo mejor.

4. Ser conscientes de la audiencia

Cuando los abogados escribimos para otras personas, estas -generalmente- no saben a profundidad sobre el tema y por eso buscaron ayuda. Para no caer en la trampa de escribir solo para un público, siga estas recomendaciones en el texto:

Estructura visible: utilice subtítulos o una enumeración coherente para dividir el texto en temas o preguntas.
Lenguaje claro:
- La idea es que cualquier persona pueda entenderlo, lo cual no quiere decir que el lenguaje no sea técnico. No es necesario probar que sabemos mucho de un tema con palabras extrañas, sobre todo si quien va a leer no sabe del tema.
- No escriba palabras que usted no sabe qué significan solo porque las vio en una ley o sentencia. Busque qué significa la palabra y si cree que existe un sinónimo más claro, utilícelo.
- No es necesario, por ejemplo, utilizar palabras en otros idiomas. Si es necesario, siempre explique el significado.
Oraciones simples: no se trata de escribir oraciones cortas, sino de que cada oración tenga una idea. Los abogados tendemos a escribir oraciones muy largas con mucha información. Sea más consciente del uso del punto seguido.

5. Utilizar gráficas cuando lo considere necesario

La mejor forma de comunicación no siempre es la escrita y, a pesar de que es la que más utilizamos los abogados, algunas veces es mejor representar ideas por medio de gráficas. Tenga en cuenta que es posible que la persona que vaya a leer el concepto entienda mejor por medio de dibujos o guías.

6. Bibliografía

Enquist, A., & Oates, L. C. (2011). Just Memos. Wolters Kluwer Law & Business.

Nota

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01. ¿Cómo escribir una acción de tutela?

Joan Sebastián Preciado Vanegas — Thu, 15 Jul 2021 19:39:22 +0000

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¿Cómo escribir una acción de tutela?

Recurso elaborado por Camila Jaramillo Salazar

Este recurso, diseñado para abogados y otras profesiones, es una guía para la redacción de una acción de tutela. Las dos secciones de esta guía (Preguntas previas y Sobre el contenido de la acción de tutela) buscan resolver dudas frecuentes y brindar ayudas prácticas para redactar este documento jurídico.

Tabla de contenido

1. Preguntas previas
2. Sobre el contenido de la acción de tutela
3. Referencias y jurisprudencia

1. Preguntas previas

1.1 ¿Qué es una acción de tutela?

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resultan vulnerados por la acción u omisión de cualquier entidad pública o de particulares en casos específicos.

1.2 ¿Cuándo procede la acción de tutela?

La tutela procede cuando resultan vulnerados o amenazados los derechos fundamentales. Si estos no están explícitamente en la Constitución, se invocan aduciendo conexidad con los derechos fundamentales (art. 2, Decreto 2591 de 1991). Es decir, son derechos que, aunque no están en el texto constitucional, pueden tener esta calificación si están relacionados íntimamente con los derechos fundamentales. Por ejemplo, la tutela procede cuando se invoca un derecho colectivo, como gozar de un ambiente sano, siempre y cuando se esté amenazando o violando un derecho fundamental, como la salud o la vida.

Debe tenerse en cuenta que la tutela procede cuando no hay ningún otro mecanismo idóneo o eficaz para proteger ese derecho. Sin embargo, puede utilizarse como medio transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, así existan otros medios de protección para la protección de los derechos de las personas (inc. 1, art. 6, Decreto 2591 de 1991).

En el caso de los particulares, la tutela procede cuando estos presten un servicio público o cumplan funciones públicas, o cuando la persona afectada se encuentre en situación de indefensión o subordinación respecto al particular contra quien se interpone la tutela (art. 42, Decreto 2591 de 1991).

1.3 ¿Cuándo no procede la acción de tutela?

Puede ocurrir que al momento de interponerse la acción, el juez de tutela responda que es improcedente. Los motivos pueden ser los siguientes según el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991:

Cuando existan otros recursos o medios de defensa, salvo cuando se utilice la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Cuando el derecho se pueda proteger invocando el recurso de habeas corpus.
Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, aunque procede si se quiere evitar un perjuicio irremediable.
Cuando la violación del derecho originó un daño consumado, salvo que continúe la acción u omisión violatoria de ese derecho.
Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto.

1.4 ¿Qué información debe contener la acción de tutela?

Dentro de los principios que rigen la tutela se encuentra el principio de informalidad (art. 14, Decreto 2591 de 1991), dado que este mecanismo está pensado para que cualquier persona pueda ejercerlo. Por esto no hay un formato de solicitud, ni es necesario un intermediario; de ahí que, en ciertos casos, la acción pueda ser ejercida verbalmente.

La norma indica que la solicitud debe incluir, como mínimo, la siguiente información:

La acción o la omisión que la motiva
El derecho que se considera violado o amenazado
El nombre de la autoridad pública o el órgano autor de la amenaza o agravio (accionado)
El nombre y la dirección del solicitante (accionante)
La descripción de las demás circunstancias para decidir sobre la solicitud (hechos)

1.5 ¿A nombre de quién se interpone la acción de tutela?

La tutela, en principio, se hace a nombre propio, pero un apoderado puede actuar cuando sea autorizado por el afectado por medio de poder judicial. La norma también contempla la posibilidad de que la acción sea promovida por un agente oficioso (art. 10, Decreto 2501/91). La agencia oficiosa, según la jurisprudencia constitucional, procede cuando una persona, sin ser apoderado judicial ni ser el titular de los derechos amenazados o vulnerados, reclama el amparo a nombre del individuo que está ausente o impedido de hacerlo directamente. En estos casos debe manifestarse por qué la acción es promovida por un agente oficioso: por ejemplo, si la persona no tiene la capacidad física.

1.6 ¿Ante quién se interpone la acción de tutela?

El artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 establece que las reglas de reparto de tutela son:

Las acciones de tutela contra cualquier autoridad pública del orden nacional (como las Agencias Nacionales) serán repartidas, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura.
Las acciones de tutela contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional (como las empresas industriales y comerciales del Estado o las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica) o autoridad pública del orden departamental serán repartidas, en primera instancia, a los jueces del circuito o con categorías de tales.
Las acciones de tutela contra cualquier autoridad pública del orden Distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, en primera instancia, a los jueces municipales.
Las acciones de tutela contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Las acciones de tutela contra un funcionario o corporación judicial serán repartidas al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del juez al que esté adscrito el fiscal.

2. Sobre el contenido de la acción de tutela

La estructura propuesta para la acción de tutela, a modo de sugerencia, es la siguiente:

Fundamentos de hecho
Peticiones
Fundamentos de derecho
Pruebas
Notificación

2.1 ¿Cómo saber cuáles son los hechos relevantes para indicar en la acción de tutela?

Al momento de relatar lo ocurrido usted debe ser claro y estratégico porque el juez quiere saber de la manera más simple y completa cuál es la situación. Al juez, por ejemplo, no le interesa conocer eventos que no se relacionan con el caso o que no afectan los derechos que están siendo amenazados o afectados.

Lo recomendable es que usted escriba una lista cronológica sobre la situación. Aunque usted podría escribir un párrafo con los hechos, hacer una lista ayuda a que el juez comprenda de manera más fácil qué fue lo que ocurrió. De esta manera, usted tratará solo aquello que se relaciona al caso y cada punto se referirá a un hecho/tema específico.

Ejemplo:

Un colegio expulsó a uno de sus estudiantes porque no atendió a la misa que se ofreció por el aniversario de la institución.

En vez de escribir un párrafo: El miércoles 23 de noviembre de 2018 llegué al colegio San Bartolomé del Líbano, Tolima y me dijo mi novia Juana que ella había hablado con la profesora María porque había perdido un examen entonces yo la acompañé y ahí nos dijeron que teníamos que ir a misa. Yo dije que no iba a ir porque no creo en Dios y la profesora Sandra que es la mamá de uno de mis mejores amigos con los que juego fútbol me dijo que tenía que ir porque el manual del colegio lo dice así. Entonces yo le dije que no. Y me encerré en el baño y Juana me gritaba para que saliera. Hasta que la rectora Sor Inés me dijo que no podía volver al colegio porque había incumplido una de las normas del colegio y que ella tenía el derecho de expulsar a quien quisiera porque ella mandaba.

Es más útil escribir una enumeración de hechos:

Yo, Juan Correa, soy estudiante del colegio San Bartolomé del Líbano, Tolima desde el 2002 y estoy en grado noveno.
El día miércoles 23 de noviembre de 2018 la profesora Sandra Pérez me comunicó que era obligatorio ir a la misa que se haría en el colegio por el aniversario de este. Cuando sostuvimos esa conversación se encontraba también la estudiante Juana Acuña.
Yo le respondí que no iba a ir a la misa porque no creía en Dios y era mi derecho no asistir a eventos religiosos. Decidí encerrarme en uno de los baños para no ser obligado a ir.
Sor Inés Velásquez, la rectora, me comunicó verbalmente que estaba expulsado por haber incumplido el reglamento del colegio. Dijo además que al ser el colegio San Bartolomé una institución privada, ella como rectora tenía el derecho de expulsar a cualquier estudiante.

En este caso cada punto trata un hecho que solo contiene información relevante.

2.2 ¿Cómo saber cuáles son los derechos que están siendo amenazados o vulnerados?

De acuerdo con lo dicho en la sección anterior, se debe tener en cuenta que la acción de tutela no solo procede cuando exista una vulneración de los derechos fundamentales, sino también cuando estos se vean amenazados por la omisión o acción de un agente particular o público. De la misma manera, la tutela procede no solo por la presunta vulneración de los derechos enunciados en la Constitución sino también cuando la violación de otros derechos generen, por conexidad, la violación de derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad, entre otros. Por estas razones, es posible que la tutela proceda por más de un derecho amenazado o vulnerado.

Dentro de la lista de derechos fundamentales están: el derecho a la vida, el derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, el derecho al libre desarrollo de su personalidad, el derecho de petición, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, entre otros. A partir de la jurisprudencia, otros derechos han sido considerados de carácter fundamental como el derecho a la muerte digna y el derecho a la salud (Sentencia T-016 de 2007). Se debe tener en cuenta que una misma acción puede vulnerar y amenazar dos o más derechos.

Ejemplo:

Si una persona interpone un derecho de petición para acceder al derecho a la muerte digna y la entidad no responde, esa omisión estaría vulnerando el derecho a la petición y amenazando el derecho a la vida digna.

2.3 ¿Cuáles son las peticiones?

En una acción de tutela usted debe pedirle algo al juez. Por lo general es más de una petición y cuando la escriba debe estar relacionada con los derechos vulnerados y los hechos relatados.

Siguiendo con el ejemplo anterior, Juan podría escribir la siguiente petición:

Tutelar los derechos a la libertad de culto, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión.

Ordenar a la institución educativa San Bartolomé que me reintegre como estudiante.

También podría agregar:

Ordenar a la institución educativa San Bartolomé la modificación del reglamento para que los estudiantes sin religión sean respetados.

Instar a la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima a vigilar el reglamento de la institución educativa San Bartolomé.

Lo importante es que las peticiones se dirijan al sujeto indicado para restablecer el derecho y que sean viables.

Ejemplo:

En caso de que una EPS le niegue ejercer su derecho a la muerte digna, una de las peticiones podría estar dirigida a acceder a la eutanasia activa.

“Solicitarle al doctor Juan Pérez que me aplique la eutanasia” es una petición que no funciona porque es la EPS la responsable de garantizar el ejercicio del derecho y no el médico. Lo correcto sería escribir: “Solicitarle a la EPS SaludColombia garantizar mi derecho a la muerte digna por medio de la eutanasia activa”.

Debe tener en cuenta cuáles son los alcances de los jueces. En este sentido, solicitarle a un juez que condene por un delito o que le reconozca un dinero no es una petición viable.

2.4 ¿Cuáles son los fundamentos de derecho?

Dado que uno de los principios de la acción de tutela es la informalidad, en principio no es necesario que usted conozca las normas y los desarrollos jurisprudenciales. Sin embargo, si usted es el abogado de una persona, lo mínimo es que usted produzca un análisis jurídico en el cual le explique al juez por qué la situación amenaza o viola un derecho fundamental. En este análisis puede incluir precedentes judiciales y otras normas del ordenamiento que puedan sustentar su petición.

Para aquellas personas que no tienen la posibilidad de contratar una ayuda jurídica, es recomendable que revisen la definición del derecho que está siendo amenazado o violado y argumenten cómo ese derecho está siendo vulnerado.

Es fundamental que esta presentación jurídica tenga un orden o esté organizada de manera coherente. Usted decidirá si la argumentación la divide por hechos, por derechos o por normas. La organización que se sugiere es:

Presentar el derecho fundamental presuntamente vulnerado
Presentar las normas frente a este derecho, si existen
Presentar la jurisprudencia constitucional relevante por medio de la cual se justifica que el juez de tutela siga el precedente

2.5 ¿Cuáles son las pruebas?

Cuando usted considere que hay material que aporte a la acción de tutela, agréguelo. Estos documentos no son obligatorios pero sí son necesarios para que el juez de tutela pueda decidir con mayores elementos de juicio.

Ejemplo:

Valentina interpuso un derecho de petición y no recibió una respuesta por parte de la entidad. Lo ideal es que Valentina adjunte el documento de la petición a la acción de tutela para demostrar que sí lo recibieron en la fecha que ella alega.

3. Referencias

Constitución Política de Colombia de 1991
Decreto 2591 de 1991 por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política
Decreto 1382 de 2001 por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela

Jurisprudencia

Sentencias T-225 de 1993; T-225 de 2003; T-576 de 2011 (perjuicio irremediable)
Sentencias T-044 de 1996, T-588 de 1996, SU 707 de 1996, T-315 de 2000, T-898 de 2003; T-094 de 2013 (agencia oficiosa)
Sentencias T-096 de 2006; SU-540 de 2007 (improcedencia de la acción por hecho superado)
Sentencias T-449 de 2008; T-170 de 2009; T-612 de 2009 (improcedencia de la acción por daño consumado)
Sentencias T-066 de 2002; T-013 de 2007; T-130 de 2014 (improcedencia de la acción por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales)
Sentencias T-623 de 2007; T-655 de 2011; T-419 de 2013 (acción de tutela contra particulares que prestan un servicio público)
Sentencias T-025 de 1994; T-028 de 1994; T-357 de 1995 (acción de tutela contra particulares cuando su actuación afecta gravemente el interés colectivo)
Sentencia T-909 de 2011 (acción de tutela contra particulares cuando la persona que solicita el amparo se encuentra en estado se subordinación o indefensión)
Sentencia T-491 de 1992; T-571 de 1992 (derechos fundamentales por conexidad)
Sentencias T-395 de 1998; T-1081 de 2001; T-016 de 2007 (derecho a la salud como derecho fundamental)
Sentencias SU-442 de 1997; C-215 de 1999; C-377 de 2002 (conexidad entre derechos colectivos y derechos fundamentales)

Nota

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